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Cataluña

ENTRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY Y LA OBEDIENCIA DEBIDA (Cataluña)

El otro día mi querida y hermosa sobrina se cogió un berrinche de los grandes cuando su madre no le dejó comerse una bolsa de patatas, justo instantes próximos a la hora de la comida, temerosa mi hermana de que la pequeña de la familia no estuviese receptiva para comerse todo el plato que habíamos preparado para ella. Resulta aún más sorprendente descubrir que esta pataleta infantil de mi sobrina posee los términos propicios y casi idénticos a la situación actual y la relación establecida entre el estado Español y Cataluña. Y es que es de casi comedia ver el enfado e insistencia, ausente de resignación que el Govern de Cataluña pone frente al desafío soberanista, resistiendo barreras heterónomas y yendo más allá de las competencias que de por sí la comunidad autónoma tiene establecida.
Consciente de las consecuencias derivadas de este proceso a nivel ya no solo nacional, sino europeo e incluso internacional, casi nos hemos olvidado los ciudadanos de aquel pobre papel que parece representar los funcionarios para los responsables políticos de uno y otro bando. Y es que como muchos de nosotros, los funcionarios son los espectadores más próximos de esta hecatombe, y con más susceptibilidad del proceso en sí.
Este colectivo y no otro es uno de los más perjudicados, junto a los ciudadanos de todo el desafío que el proceso soberanista está resultando. No se nos puede olvidar, que como trabajadores que ocupan un empleo público, responden también a un deber de acatamiento de la ley y la constitución española por encima de todo. De este modo, pienso que los consistorios catalanes, deben de reconocer que las leyes anuladas y suspendidas en numerosas ocasiones por el Tribunal Constitucional no tienen vigencia y por tanto no pueden llevarse a término acciones que se sustentes en estas fuentes declaradas ausentes de legalidad por el alto tribunal.
Haciendo un reflexión, me remonto a los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial con los juicios de Nuremberg, donde tres jueces tuvieron que detenerse y pensar, al igual que estoy haciendo yo, si un coyuntura política concreta, con un ideal y praxis de actuación especifico aunque contrario a lo que se reconoce como legítimo desde otra esfera política y jurídica puede ser justificación para proceder a desarrollar acciones en modo de cumplimiento de ordenes superiores. Por ello, durante estos juicios fue crucial entender y dirimir sobre que si las decisiones que los militares nazis y los responsables del ejercito están justificadas en orden a un mandato de algún cuerpo superior militar. Tal y como pensaron y concluyeron por entonces los jueces, la zona más íntima de mi conciencia me dicta precisamente que ello no resulta justificación alguna, y es aquí donde he de traer a colación la objeción de conciencia frente a la obediencia debida que aquellos militares, al igual que los funcionarios de Cataluña en la actualidad están utilizando como base de su actuación: tanto los militares como estos funcionarios deberían de poder ejercer un derecho subjetivo a resistirse a los mandatos de las autoridades sean cuales fueren, cuando contradigan los propios principios morales, respondiendo en primer lugar al tribunal de la conciencia.

 

Sin embargo también he de destacar que la actual coyuntura económica dificulta de manera relevante que la objeción de conciencia pueda ser empleada. En primer lugar porque el miedo a una sanción penal y las responsabilidad económica que pudiese surgir de la misma supone una argumentación que está más encaminada a la obediencia debida que a poder objetar de los mandatos basándome en mi conciencia. Continuando en los cauces de esta argumentación es de especial interés los argumentos que el Govern ha suscitado para defender la protección que según ellos van a propiciar a los funcionarios catalanes: por un lado, se ha establecido que las responsabilidades serán estrictamente políticas y que éstas no perjudicaran a los funcionarios. Asimismo, todos los funcionarios que participen en el referéndum lo harán en base a su condición de ciudadano y no como empleados. Y por último un aspecto muy interesante, y es que aquellos trabajadores públicos que duden de la adecuación a la ley de un mandato que reciban podrán pedir que se lo dicten por escrito ante posibles recriminaciones judiciales futuras.
Por todo ello, analizando la situación desde ambas perspectivas he de aducir que me parece harto complicado de creer que estas garantías que según el Govern van a cumplirse en aras de la protección del funcionario público vayan a llevarse a término o ser reconocidas por el ejecutivo central en tanto partimos de la base de que estás garantías se están propiciando en una situación y proceso que desde el punto de vista legal ya resulta ilícito desde todos los puntos de vista.
Para concluir con mi texto expositivo de opinión, quiero resaltar que más allá de que estas garantías no vayan a producirse, se establezca de algún modo un cauce que sirva de salvavidas para la difícil coyuntura que los empleados públicos y los ciudadanos están viviendo en Cataluña. Del mismo modo, se deberían de ofrecer algunos medios que posibiliten que algún día Cataluña pueda llegar a decidir, pero y recalcó como muy importante, esta posibilidad de elección deberá ser siempre conforme a la ley y estar vacía de cualquier ideología política que se aleje del sentimiento de un pueblo con un arraigo histórico muy particular, y por tanto ausente de una dirección tan nefasta como es la actual cúpula política que ocupa el gobierno autonómico de Cataluña , que más que dirigir y representar a un pueblo, se asemejan más a los técnicos que conducen a los títeres a su antojo, unos títeres que por poco tiempo se encontrarán sin cabeza y sin identidad propia de la que sentirse orgulloso y a la que reconocer como legítima.

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